Por: René Mosquera Puentes
Al abordar el tema de los servicios públicos domiciliarios encontramos que su importancia es de tal magnitud que desde la propia Constitución política se ha regulado el tema y se ha establecido que los mismos son primordiales para cumplir los fines del Estado y en sí mismos revisten esencialidad por su impacto y su vinculación con la vida misma del ser humano.
Por lo anterior el Estado como garante de la vida y de la dignidad humana tiene el deber y la obligación de propender por la prestación eficiente de los servicios públicos, por el mejoramiento continuo en la prestación de los mismos, por la ampliación de las coberturas que permitan que toda la población cuente con los servicios básicos para llevar una vida en condiciones dignas; este deber del Estado es compartido en cuanto a la ejecución o prestación de los servicios con inversionistas del sector privado que bajo la normatividad y regulaciones técnicas establecidas pueden prestar el servicio bajo las reglas de la competencia y siempre con la vigilancia y control del Estado para evitar que se abuse de su poder y se atropelle a los usuarios y en sí a la población en general.
Es por esto que el Estado, tanto como prestador directo de los servicios, así como en su papel de agente interventor del mercado, está siempre vinculado con la prestación de estos servicios tan necesarios para el desarrollo de la población y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del país; pero su papel debe ser mas proactivo y eficiente con el fin de que se garanticen servicios de calidad para toda la población y no tener hechos tan lamentables como la falta de agua potable en muchos centros poblados e inclusive municipios del país, en donde las condiciones del agua no son aptas para el consumo humano y así también poblaciones en donde no se cuenta con servicio de saneamiento básico y es aquí donde nos preguntamos el papel que juega el Estado Social de Derecho frente a esta problemática y la responsabilidad que tiene tanto el Estado como los diferentes sectores activos de la población para contribuir a que todos contemos con servicios públicos domiciliarios básicos de calidad.Para concluir podemos afirmar que nuestra constitución política impone un reto muy grande al Estado y a cada uno de nosotros para llegar a una prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios como instrumento para cumplir los fines esenciales del Estado.
Por lo anterior el Estado como garante de la vida y de la dignidad humana tiene el deber y la obligación de propender por la prestación eficiente de los servicios públicos, por el mejoramiento continuo en la prestación de los mismos, por la ampliación de las coberturas que permitan que toda la población cuente con los servicios básicos para llevar una vida en condiciones dignas; este deber del Estado es compartido en cuanto a la ejecución o prestación de los servicios con inversionistas del sector privado que bajo la normatividad y regulaciones técnicas establecidas pueden prestar el servicio bajo las reglas de la competencia y siempre con la vigilancia y control del Estado para evitar que se abuse de su poder y se atropelle a los usuarios y en sí a la población en general.
Es por esto que el Estado, tanto como prestador directo de los servicios, así como en su papel de agente interventor del mercado, está siempre vinculado con la prestación de estos servicios tan necesarios para el desarrollo de la población y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del país; pero su papel debe ser mas proactivo y eficiente con el fin de que se garanticen servicios de calidad para toda la población y no tener hechos tan lamentables como la falta de agua potable en muchos centros poblados e inclusive municipios del país, en donde las condiciones del agua no son aptas para el consumo humano y así también poblaciones en donde no se cuenta con servicio de saneamiento básico y es aquí donde nos preguntamos el papel que juega el Estado Social de Derecho frente a esta problemática y la responsabilidad que tiene tanto el Estado como los diferentes sectores activos de la población para contribuir a que todos contemos con servicios públicos domiciliarios básicos de calidad.Para concluir podemos afirmar que nuestra constitución política impone un reto muy grande al Estado y a cada uno de nosotros para llegar a una prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios como instrumento para cumplir los fines esenciales del Estado.
Hola Rene, cuanto gusto y muy feliz por la oportunidad de su temática. que bueno que estes en la red dando opiniones constructivas. Invite a todos a formar una gran red y a que publiquen. Saludose
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